Con la pronta llegada del otoño, la temporada de incendios se acerca a su fin, dejando a su paso la interrogante sobre el curso de acción a tomar por parte de autoridades y propietarios. Entre la ideación de planes de prevención y mitigación, la visión del aprovechamiento de los recursos indemnes de terrenos afectados surge como una opción. Esta, sin embargo, guarda una serie de riesgos y consideraciones a tomar, para que su aplicación no desemboque en daños al bosque nativo, suelos y fuentes de agua del país.
Así lo explicó un grupo de expertos a CIPER, entre los que se encuentra nuestra investigadora postdoctoral UFRO - CENAMAD Paola Arroyo:
Mientras en el mundo se planifica la restauración de miles y miles de hectáreas de bosques naturales, en nuestro país aún tenemos vacíos legislativos que dan cabida a la pérdida de bosques de alto valor para la conservación. Urge avanzar con celeridad en una legislación coherente que adhiera a una premisa fundamental: evitar bajo cualquier escenario la pérdida de bosques nativos. La última década ha estado lamentablemente copada de megaincendios que justificadamente han conmocionado al país, desde el de la reserva nacional China Muerta (2015), con bosques completos de araucarias quemados hasta los de los veranos de 2017, 2023 y 2024. Si calculamos desde 1985 los bosques nativos afectados por el fuego superan las 500 mil hectáreas [CAAP-UCh 2022].
Si bien la restauración de los bosques nativos sería la opción lógica desde una perspectiva de manejo y conservación, una alternativa recurrente corresponde al aprovechamiento económico de estos bosques mediante el denominado «madereo de rescate o aprovechamiento». Como su nombre lo indica, esta acción busca aprovechar en el corto plazo toda la madera que haya quedado post incendios. Es una actividad cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados hasta ahora, pero que de todos modos limita fuertemente la recuperación del bosque. Ejemplo de ello es la licitación y ejecución para la extracción de madera de las áreas quemadas en la reserva nacional Malleco a raíz de los incendios tanto de 2002 como de 2015. Tanto la licitación de 2002 como esta última, que finalmente no prosperó, muestra la intención de aprovechar económicamente estos bosques incluso en áreas protegidas.
Los principales argumentos contra el madereo de rescate en bosques de araucarias-Nothofagus son impactos negativos derivados de la alta sensibilidad de las áreas quemadas, comúnmente en zonas de topografía abrupta que las hace vulnerables a procesos erosivos y de compactación del suelo, afectando a su vez la calidad y cantidad de agua superficial [GONZÁLEZ y VEBLEN 2007].
La construcción de nuevos caminos en las áreas quemadas amplifica esta erosión, y además promueve el arribo de especies invasoras que pueden interferir seriamente en la recuperación natural del ecosistema afectado. A su vez, los legados biológicos post disturbio —entendido como árboles vivos y muertos, y otros organismos, y estructuras físicas retenidas en el sitio luego del incendio— son de muy alta relevancia para recuperación del bosque quemado ya que, por ejemplo, ahí quedan las últimas semillas del bosque afectado para recolonizar el área además los troncos que proveen de sombra a las frágiles plántulas recién establecidas post fuego, y en la mantención de la diversidad biológica.
Aunque el madero de rescate (o aprovechamiento) post incendio ha sido una alternativa también implementada en ecosistemas forestales en el hemisferio norte, su aplicación no se implementa en ecosistemas con especies con problemas de conservación, ni en reservas naturales. Allí donde se ha implementado, no ha estado exenta de discusión sobre sus impactos negativos en los ecosistemas.
La remoción de árboles quemados caídos o muertos en pie con maquinaria pesada genera un impacto directo sobre el suelo: promueve su compactación, disminuye la capacidad de infiltración e impide el desarrollo de las raíces de las plántulas que crecen naturalmente post fuego, aumentando la erosión.
Además, al remover estos restos de árboles con fines madereros, disminuye la capacidad de intercepción de la precipitación, promoviendo aún más los procesos erosivos [PRATS, MALVAR y WAGENBRENNERS 2020]. Es más, los estudios de última generación en restauración ecológica muestran que, sin la protección que proveen estos legados (por ejemplo, vía la sombra y humedad retenida por los troncos caídos y en pie), las plántulas no sobreviven las primeras temporadas post restauración, especialmente dadas las altas temperaturas y frecuentes olas de calor que azotan cada vez más intensamente nuestro territorio.
De acuerdo a la legislación actual, los bosques de araucaria son reconocidos como de alto valor de conservación. Esto implica, en la práctica, que con la presencia de una araucaria por hectárea se prohíbe cualquier actividad de manejo maderero que pueda afectar a la especie. Sin embargo, si el bosque es afectado por un incendio, este ya es susceptible de ser explotado mediante un «madereo de rescate» o plan de extracción de maderas muertas.
Solo en casos excepcionales —como «cuando sea presumible que el propietario o agentes suyos han tenido responsabilidad en ello [fuego u otra acción]»— esto se prohibiría (aunque es sabido que se trata de algo muy difícil de probar). El caso es que, en este contexto, el madereo de rescate puede, además del impacto ecológico ya descrito, actuar como un perverso incentivo para la quema de bosques protegidos.
En general, las distintas especies arbóreas tienen la capacidad de restablecerse (vía semillas y/o rebrotes) junto a arbustos, herbáceas y otras formas de vida. Si bien el proceso de crecimiento y desarrollo post fuego puede tomar años o décadas, es imperativo que el ecosistema afectado por los incendios no sufra otros disturbios ni intervenciones que limiten o generen un detrimento en el restablecimiento y sobrevivencia de las especies. En el caso de araucarias, robles y raulíes es común observar ejemplares calcinados que parecen muertos en un año, para luego rebrotar en los años siguientes.
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